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| UNICEF/Olivier Asselin |
Una niña de diez años se escapó de casa tras descubrir que su familia planeaba formarla como practicante de la MGF. Ahora vive en una casa segura de UNICEF en Port Loko, Sierra Leona, y va a la escuela.
La falta de leyes que castiguen de manera clara y directa la mutilación
genital femenina dificulta que se persiga dicha práctica que violenta
ampliamente los derechos fundamentales de las mujeres. Expertos de la ONU
abogan por una legislación que proteja a las mujeres contra dicha práctica.
A consecuencia del proceso penal por la muerte de una estudiante de
21 años que fue sometida a esta brutal práctica en el distrito
de Bonthe, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* llamaron
a tomar medidas más contundentes para prevenir y penalizar la mutilación
genital femenina en Sierra Leona.
Según los expertos, "la mutilación genital femenina es una forma
grave de violencia contra las mujeres y las niñas que equivale a la tortura,
violando los derechos fundamentales de sus víctimas como su integridad física,
el derecho a la vida, a la salud sexual y reproductiva y el derecho a no ser
sometidas a cualquier forma de tortura u otros tratos crueles".
"Las costumbres discriminatorias están arraigadas en las normas
sociales y en las estructuras de poder ligadas al estatus social y al lugar que
se ocupa en las comunidades. Al igual que otras prácticas nocivas de naturaleza
similar, la mutilación genital femenina refleja y perpetúa una amplia
tendencia de desigualdad de género", dijeron.
"La mutilación genital femenina no puede normalizarse y tampoco
puede utilizarse para justificar costumbres socioculturales y
religiosas que solo dañan el bienestar de las mujeres y las niñas",
señalaron los expertos, que añadieron que "este problema debe observarse
como una de las prácticas más grandes dentro de la violencia de género, algo
que simplemente no puede continuar siendo impune".
Leyes claras para señalar responsables
Según los informes, la falta de protección sistémica de las mujeres y
las niñas es la causa del entorpecimiento en el proceso penal que se lleva
contra uno de los presuntos autores acusados de realizar la mutilación genital
femenina que provocó la muerte a una mujer de 21 años.
"La falta de una legislación específica y aplicable que penalice
y castigue expresamente este delito dificulta que exista una investigación
judicial o de otro tipo y además dificulta la persecución de estas
prácticas nocivas y de los homicidios ilegítimos", señalan los expertos.
"Las leyes y las políticas públicas deben proporcionar marcos
claros de responsabilidad y sanciones disciplinarias con respecto a la
mutilación genital femenina", afirmaron.
Los expertos de la ONU instaron al gobierno de Sierra Leona a establecer
un conjunto completo de prohibiciones legales para prohibir explícitamente la
mutilación genital femenina para todos los grupos de edad.
Dentro de esto se encuentra el fortalecimiento de los memorandos de
entendimiento con los profesionales locales y la modificación de la Ley de
Derechos del Niño sierraleonesa.
Sierra Leona da un paso adelante en derechos humanos
Los funcionarios de la ONU recibieron con satisfacción el anuncio del
presidente de apoyar un proyecto de ley sobre la maternidad sin
riesgo, que contribuirá a mejorar el acceso de las mujeres y las niñas a
los servicios de salud sexual y reproductiva.
"Sierra Leona está dando pasos concretos y significativos en el
avance del ejercicio de los derechos humanos, entre ellos está la reciente
abolición de la pena capital. La respuesta del gobierno a la mutilación genital
femenina será una prueba de si este compromiso puede extenderse a los derechos
de las mujeres", dijeron los expertos.
Los expertos de la ONU han estado en comunicación oficial con el
gobierno de Sierra Leona para abordar estos temas y aclarar sus obligaciones en
virtud del derecho internacional.
* Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales
del Consejo de Derechos Humanos. Los
Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del
sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos
independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para
abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el
mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma
voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo.
Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título
individual.